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El próximo lunes, 10 de agosto, la empresa de arqueología y paleontología Drakkar Consultores S.L se desplazará hasta el cementerio municipal de la localidad para empezar a trabajar en las tareas de exhumación de los fusilados por el franquismo que fueron lanzados a la fosa común del antiguo cementerio civil. Es por eso que los arqueólogos encargados de los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos se reunirán allí a lo largo de la mañana del lunes con representados políticos y técnicos del Ayuntamiento, con familiares de los represaliados y con José Ignacio Pérez Rico, Director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Además, también se contará con la presencia de profesionales de la empresa audiovisual Checkout a quien la Concejalía de Memoria histórica ha encargado la grabación de un documental sobre el proceso que permitirá finalmente “darle digna sepultura estas víctimas y cerrar así una vieja herida que los gobiernos actuales tenemos la obligación de reparar”.

Los trabajos se alargarán previsiblemente durante todo el mes de agosto. Desde el Ayuntamiento, basándose en estudios de la monovera Clara Serna, se cree que se podrán recuperar 19 cuerpos de vecinos de Monóvar, Pinoso, Elda, Salinas, Sax y Biar. Desde el Consistorio se muestran muy satisfechos “para poder contribuir a reparar la memoria de todas estas víctimas. En este sentido la Concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento, Júlia Tortosa, ha subrayado que “será un día muy importante para Monóvar puesto que marca uno antes y uno después en las políticas públicas del municipio. Con esta acción, además, el gobierno municipal demuestra su compromiso con la justicia y la reparación de las víctimas”. Además, el alcalde de la localidad, Alejandro García Ferrer, ha querido agradecer en la Generalitat Valenciana su compromiso con Monóvar por la ayuda económica prestada puesto que todos los gastos de este proceso las pagará íntegramente el gobierno autonómico.