Los comerciantes de Bassa El Moro, en Petrer, presentan 17 querellas por estafa a la promotora del centro comercial

INFORMACION, 27 de noviembre - PÉREZ GIL / BEATRIZ RICO

Los comerciantes de Bassa El Moro consideran que se les ha engañado porque la obra es supuestamente ilegal y no pueden obtener la licencia de apertura

Catorce comercios, las salas de cine, la bolera y el gimnasio del centro comercial y de ocio Bassa El Moro de Petrer han presentado 17 querellas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Elda por un presunto delito de estafa contra Sogestin S.L., la empresa promotora y constructora de las instalaciones, y también contra su administrador único, Juan Bernabeu.

La asociación de comerciantes de esta gran superficie, que abrió sus puertas el 25 de junio de 2003, considera que la citada mercantil ha cometido, presuntamente, «graves infracciones urbanísticas» impidiendo la concesión de la licencia de primera ocupación al promotor y de actividad a los establecimientos, que debería haber otorgado el Ayuntamiento.
Entre las irregularidades objeto de la querella criminal figura el exceso de volumetría en la edificación, la construcción de una tercera planta para la que no se contaba con permiso, la ocupación de suelo de dominio público y el incumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos, dotación que debía haber alcanzado las 1.500 plazas y que se ha quedado en cerca de 500, según los denunciantes.
Los afectados alquilaron locales en Bassa El Moro con la firme convicción de que el centro contaba con todas las licencias municipales e iba a disponer de 1.500 plazas de parking, lo que aseguraba una importante afluencia de público que garantizaría el éxito de sus negocios. De hecho, la empresa comercializadora facilitó esta información antes de la contratación de los locales. Además, en el momento de la inauguración se desconocían las supuestas infracciones.
Para los comerciantes disponer de un amplio aparcamiento es «imprescindible» porque esta superficie se encuentra lejos del centro de la ciudad, por lo que resulta preciso el uso de vehículos para poder acceder a la misma. También consideran «primordial» contar con los preceptivos permisos municipales porque, al no poder obtenerlos, están teniendo serias dificultades para recibir financiación de las entidades de crédito, debido a las escasas garantías que ofrece un negocio que ni siquiera cuenta con licencia de apertura o de inicio de actividad. Se advierte de que esta situación de irregularidad puede llevar aparejado incluso el cierre de los establecimientos.
En la nota entregada por los querellantes a los partidos políticos se critica la «pasividad de los responsables municipales de Petrer al haber permitido continuar unas obras supuestamente ilegales, dotándolas de una apariencia de normalidad ajena a la realidad, y llegando al extremo de participar en la inauguración del centro comercial, lo que dio una mayor apariencia de legalidad a la apertura».
Las mismas fuentes mantienen que la única posibilidad de «legalizar» el proyecto no pasa por firmar un convenio entre Ayuntamiento y promotora, sino por introducir una modificación puntual del PGOU, para lo que se necesitaría que se apreciase un interés general por parte del Consell.