
Permítanme
que comience por hacerles una pregunta inocente: ¿Conocen a
alguien que, durante el tiempo en el que ha desempeñado un
cargo público, se haya hecho rico? Al decir rico, quiero
decir tremendamente rico, escandalosamente rico; rico hasta
el punto de que ni él ni sus descendientes directos, hasta la
tercera o cuarta generación, tengan que preocuparse por lo
que los cursis llaman el horizonte económico y los manguis la
viruta. Aunque, por elementales razones de prudencia, no
pienso hacerlo, les aseguro que podría dar pelos y señales de
al menos tres casos que conozco de primerísima mano. De los
que tengo referencias por distintos medios de comunicación -vox
pópuli incluida- no me sería posible ocuparme aunque
quisiera, pues no tendría suficiente espacio, por más que se
pusieran a mi disposición todas las páginas de una edición
extraordinaria de La Verdad. Y, aunque lo hiciera, no
serviría de nada, como de nada han servido los innumerables
artículos, reportajes y libros de denuncia publicados hasta
la fecha. Muchas de las personas llegadas a la política con
una mano delante y otra detrás, seguirán amasando en un
tiempo récord fortunas más que considerables, sin que nadie
tenga la decencia de pedirles cuentas. Porque ahí está el
quid de la cuestión. Ese es el punto al que quería llegar,
por más que, para ambientar el asunto, haya querido someter a
la perdiz a una sesión previa de mareo.
Salvo en el caso de resultar agraciado con un premio de los
muy gordos en cualquiera de los juegos de azar, que hacen de
España la mayor timba del mundo, el enriquecimiento rápido
resulta, en principio, sospechoso. De hecho, tanto el
Ministerio de Hacienda como la Policía Económica investigan
con especial interés estos casos lo que, como puede
suponerse, no suele ser tarea fácil, puesto que no
acostumbran a ser precisamente tontos quienes montan este
tipo de tinglados. No obstante, casi se pueden calificar como
de anecdóticos los casos relacionados con la política en los
que meten la nariz los investigadores. En la práctica se
reducen a aquellos en los que el no hacerlo demostraría que
España ya ha alcanzado el liderato entre los países
bananeros. Pongamos Roldán como caso emblemático -aunque no
precisamente encabezando el ranking de trileros de lujo, ni
siquiera ocupando uno de los diez primeros lugares, pueden
estar seguros de ello- y poco más. Sin embargo, no creo que
fuera tan difícil investigar cómo diablos se las arregló un
altísimo cargo del Gobierno español para construirse un chalé
valorado en millón y medio de euros, siendo así que sus
únicos ingresos correspondían a su sueldo base anual, que era
de 46.327,80; euros, claro. O cómo pudo aquella señora de
lírico nombre pasar, en sólo diez años, de fregar escaleras a
coleccionar abrigos de pieles preciosas, sin que se le
conociera ningún tipo de actividad empresarial. O qué hizo
aquél quiosquero cargado de deudas para... En fin, vamos a
dejarlo aquí, que ya he dicho lo que hay con el espacio. Pero
el caso es que todos son inmensamente ricos. Hasta el punto
de que sus parientes tendrán que consultar el diccionario
para saber el significado de la palabra pana.
Les aseguro que me plantearía dar crédito a la clase política
el día en que un nuevo presidente del Gobierno iniciara su
mandato ordenando una investigación exhaustiva de los casos
evidentes de enriquecimiento sospechoso. Empezando por
arriba, claro, puesto que si diera principio a las
averiguaciones por las pirañas de las políticas locales, ni
con veinte legislaturas tendría suficiente. Pero no:
cualquier presidente comienza por decir aquello tan hermoso
de que hay que pasar página. Y uno estaría dispuesto a
creerlo, a no pensar que lo que quiere realmente es que
continúe esta vergonzosa situación para -como decía aquel
espectador de sol en una corrida de toros, pidiendo
insistentemente la vuelta al ruedo- ver si «pilla una miajita
de sombra». Pero como luego aprovechan la menor oportunidad
para sacar a relucir la guerra civil, uno se da cuenta de
cuál es la página que realmente quieren pasar. Pillines, más
que pillines.