La Eurocámara vota hoy el informe inmobiliario contra España

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La Eurocámara vota a favor del informe inmobiliario contra España

El Parlamento Europeo ha aprobado, hoy jueves 26 de marzo, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114
abstenciones, el informe de la Comisión de Peticiones de esa Cámara en el que se critican las prácticas de "urbanización masiva" en España y la "conducta especulativa" de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. Hace apenas tres semanas, el PE pidió volver a examinar el polémico texto elaborado por la eurodiputada Margrete Auken (Los Verdes).

El texto aprobado sugiere interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema de la construcción masiva de viviendas. Además, reclama una indemnización adecuada para las "víctimas de abusos urbanísticos". El informe también considera "alarmante" la falta de confianza generalizada de los denunciantes frente al sistema judicial español.

Es el tercer informe sobre el urbanismo en España votado por el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.

Los eurodiputados españoles del partido popular han votado en contra y los socialistas se han abstenido en este informe que pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.

Finalmente, como se preveía, se ha acabado aprobando el informe Auken sin cambios, porque ninguno de los textos alternativos ha contado con apoyos suficientes.

Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos. Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.

El Parlamento Europeo contra la especulación urbanística