El informe está basado en que todo ciudadano o residente de un país firmante del CEDH (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales) que considere que ha sufrido una violación de sus derechos humanos puede dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y antes de presentar cualquier demanda ante este Tribunal debe agotar las vías de recurso internas como establece el artículo 35 del citado CEDH. En el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantiza la protección de la vida privada y familiar, incluido el domicilio privado de los ciudadanos, en el sólo podrá haber injerencia en causas como la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. En que el derecho a la propiedad privada está reconocido y que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización.

     Considera que la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente, así como la obligación de pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a menudo innecesarias, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Considera que la Comisión de Peticiones, en respuesta al número ingente de peticiones recibidas, ha llevado a cabo investigaciones en tres ocasiones de la magnitud de los abusos de los derechos legítimos de los ciudadanos en muchos desarrollos urbanísticos y preocupándose por el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas, así como respecto a los procedimientos de contratación pública en las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales en España.

     Considera que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Considera que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante la urbanización excesiva, mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos pero los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden compensar a las víctimas de abusos, por lo que muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, creen existe falta de actuación y parcialidad de la justicia española.

     Considera que estos desarrollos urbanísticos, en ocasiones están respaldados por autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada e injustificada, han dañado considerablemente la imagen de España. Considera que las autoridades regionales han desoído los esfuerzos de los Defensores del Pueblo para defender los intereses de los ciudadanos. Considera que debe impedirse la especulación.

     Por lo que la Comisión ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia en el asunto relativo a los excesivos abusos urbanísticos, que afectan directamente a la aplicación por parte de las autoridades valencianas de la Directiva sobre contratos públicos, y  a instancias de la Comisión de Peticiones, se ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales.

     Considera que muchas de estas urbanizaciones se encuentran lejos de zonas urbanas consolidadas y exigen notables gastos en servicios básicos como electricidad, agua e infraestructuras viarias. Considera que se han cometido abusos por autoridades locales y regionales, como la «aprobación provisional» de un plan de desarrollo urbanístico por parte de una autoridad local... Considera que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor. Considera que este modelo de crecimiento es devastador puesto que destruye los valores del territorio y fomenta la expansión urbana excesiva. Considera que se trata de un modelo expoliador de los bienes culturales, que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico.