
En el primer Congreso Internacional de Nuevo Periodismo que se celebra
en Valencia se ha dicho: 'el oyente no quiere escuchar noticias
objetivas, sino opiniones que refrenden la suya, por eso los programas
que ofrecen tertulias con opiniones similares son los de más éxito'.
Quizás escribo contra-corriente, pero cada mañana antes de comenzar a
insertar noticias en esta web, intento, sobre todo, ser objetivo.
Aunque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, durante el
reciente Debate de Política General, desafió al líder de la oposición
a hacer pública su declaración de bienes, ahora que el grupo
socialista, a instancias del su portavoz y secretario general, Joan
Ignasi Pla, ha presentado en el Registro de las Cortes la autorización
para que cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana pueda tener
acceso a la declaración de bienes y actividades de sus diputados, el
PP considera la medida "exagerada".
Con el dinero de todos, tanto la Generalitat como las diputaciones
están encargando encuestas a empresas privadas, cuyos resultados no
conocerán más que los políticos que las encargan. Están hechas para
conocer la intención de voto de los ciudadanos de manera indirecta y
evitar así tener que dar cuenta de ellas. Como una encuesta de la
Diputación sobre la intención de voto de los monoveros en las próximas
elecciones municipales, que no se divulgará pues los resultados no son
favorables para el partido que la encargó.
El pleno de la Cámara Alta aprobará hoy miércoles la proposición de
ley que extiende el derecho a cobrar el paro a los concejales. Esta
iniciativa, que sospechosamente se aprobará por unanimidad, es una
prueba más de que los políticos sólo se ponen de acuerdo en los
asuntos que afectan a su bolsillo. Podrán cobrar la prestación por
desempleo todos los ediles dados de alta en la Seguridad Social, que
estén cotizando y que hayan acumulado el tiempo suficiente en su
puesto para hacerse acreedores de la ayuda. Por cada año cotizado
tendrán derecho a cobrar cuatro meses de paro —la prestación se
prolongará un máximo de dos años— y, fuera cual fuera su sueldo
municipal, en ningún caso percibirán más del doble del salario mínimo
interprofesional. Es decir, las mismas condiciones que tiene cualquier
otro trabajador. La ley volverá después al Congreso y entrará en vigor
posiblemente en enero. Los 65.000 ediles que se jugarán el puesto en
las elecciones de 2007 ya pueden respirar tranquilos: si las cosas se
tuercen, siempre les quedará el INEM...
La corrupción inmobiliaria en la que están inmersos numerosos
ayuntamientos va a estar muy presente en la próxima campaña electoral
para las municipales. Pocas horas después de que saltara la noticia a
los medios de comunicación, el alcalde de Ciempozuelos, Pedro Antonio
Torrejón, presentó su dimisión tras pedírselo expresamente el
secretario de Organización del PSM-PSOE; el anterior alcalde de
Cienpozuelos,
Joaquín Tejeiro,
pactó en 2005 una comisión de 40 millones de euros con la inmobiliaria
Esprode por lograr una recalificación, y esa
supuesta operación irregular de
recalificación de terrenos se habría llevado ahora a cabo. Dado
que las explicaciones que dio el alcalde no parecieron suficientes, el
secretario de organización, Rojo, pidió su dimisión y Torrejón aceptó.
El varón ha dejado de tener preferencia sobre la mujer en el orden de
sucesión de títulos nobiliarios y Grandezas de España, según la Ley
aprobada ayer martes definitivamente. La proposición de Ley recuerda
que la preferencia del varón en el orden sucesorio de la nobleza se
basa en reglas "ajustadas a los valores del Antiguo Régimen, pero
incompatibles con la actual sociedad, en la que las mujeres participan
plenamente en la vida política, económica, cultural y social"... "las
mujeres tienen el mismo derecho que los varones a realizar la función
de representar simbólicamente a aquél de sus antepasados que, por sus
méritos excepcionales, mereció ser agraciado por el Rey". De la nueva
reglamentación se excluyen los títulos de la Corona, los vinculados
tradicionalmente al sucesor al Trono, y los de la Casa Real, que se
regirán por su normativa propia.